Monitoreo telemático:
SecureAlert Chile SpA, el obstáculo
de la Justicia
La ley 20.603, o
la Ley de Penas Sustitutivas que se aprobó en junio del año pasado no marcha
plenamente: los dispositivos licitados por la Gendarmería para controlar la
libertad vigilada de los reos no funciona.
Sol Park
En
la primera cuenta pública en 2010 del ex presidente Sebastián Piñera anunció
cambios para la efectividad en la persecución penal y en el apoyo de la
reinserción de los condenados a la sociedad. Una de las medidas fue aplicar la
ley que otorga la libertad condicional y, para esto, era necesario un dispositivo
que pudiera controlar la sanción. En 2013 se licitó a SecureAlert Chile Spa, que
proveería la tecnología. Se proyectó su implementación para el noviembre de ese
año. 1.073 condenados obtendrían la libertad vigilada intensiva y pena mixta y
para el año 2015, 9.813. Hoy, no hay ninguno.
La
razón es porque se encontraron falencias técnicas en el período de marcha
blanca que empezó en enero de este año. SecureAlert Chile Spa es la ampliación
de la empresa norteamericana SecureAlert, Inc. El dispositivo que suministró
fue ReliAlertTMXC. Fracasaba al perder la señal cuando entra a un
subterráneo o se envuelve con papel aluminio y tardaba más de 30 minutos en
recuperarla. Había una desviación de hasta 10 metros de la ubicación verdadera y
algunas veces las alarmas de violación del sistema no se accionaron. Estas
fallas son críticas porque el dispositivo de monitoreo telemático se aplica
para vigilar el lugar y tiempo que el condenado está o debe estar.
La
ley 20.603 o la Ley de Penas Sustitutivas es una modificación de la ley 18.000
de Medidas Alternativas. Los objetivos principales son: disminuir los costos
del sistema penal y los efectos nocivos de las influencias carcelarias,
resocializar a los imputados y reducir la reincidencia delictiva. Para eso se creó
sanciones distintas a las carcelarias, en el que el condenado cumple su deuda
con la sociedad en otras formas: ser expulsado del país, prestar servicios de
beneficio a la comunidad o estar en libertad vigilada. El monitoreo telemático
se aplicaría para el control de este último caso.
Por
ejemplo, en Estados Unidos se aplica esta medida para fiscalizar a sujetos que
están en tratamiento alcohólico o a los que están condenados por violencia
doméstica. Existen diferentes tipos de tecnologías y una de ellas es la
radiofrecuencia. El transmisor, adherido al cuerpo, transmite señales a una
central de vigilancia e indica si la persona se encuentra o no en un
determinado radio geográfico. Ya ReliAlertTMXC aplica otro tipo de
tecnología. Es un Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en
inglés) que, posicionado en el tobillo del supervisado, no solo indica dónde él
está, sino también cuáles son sus desplazamientos. Además alerta si se acerca a
un área prohibida delimitada con anterioridad.
A
la licitación de enero de 2013 se presentaron 3 proveedores: SecureAlert Inc.,
TSCOM Tecnología y Security SAT, y solo la primera cumplía con los requisitos.
Pero ésta sobrepasaba por $6.000.000 el presupuesto, que era de $35.153.352.00.
El
23 de mayo se abrió una nueva licitación, pero un día después SecureAlert
demandó ante el Tribunal de Contratación Pública porque consideró que
Gendarmería no los aprobó por razones arbitrarias, por lo que el concurso quedó
desierto por 139 días. El 21 de septiembre, en medio de la controversia por la congelación del concurso,
el ex subsecretario de justicia Juan Ignacio Piña dijo que hubo un acercamiento
entre las partes. Esto porque las bases de la licitación no definía cómo se
calculaba el presupuesto ni una estadística de usuarios que podrían caer en el
sistema. Tampoco especificaba si el implemento sería instantáneo a las 10 mil
personas o sería gradual, un tema importante para determinar el costo final. Entonces,
al informar al proveedor y aclarar los puntos, se determinó que la oferta de la
empresa sí se ajustaba dentro de la cuenta.
Pablo
Riera, gerente general de TSCOM Tecnología comenta que él no fue esclarecido en
este ámbito, lo que le produjo desconcierto: “Esto es una licitación pública y
no entiendo cómo se llegó a un acuerdo, porque si se cambia las condiciones,
deberían cambiarlas para todos”. Las dos firmas que fueron rechazadas
presentaron, en octubre del año pasado, una queja ante la Contraloría porque
consideraron que fueron juzgados arbitrariamente y que no fueron debidamente
comunicados. Todavía esperan la respuesta.
Otro
factor que la TSCOM Tecnología alegó fue que SecureAlert utilizaría el sistema
de Google Maps. En las bases de la puja sale que es necesario que el mapa se
actualice cada seis meses, pero Google no lo hace en Chile: “Nosotros tenemos
contratos con proveedores locales de mapas. Pueden actualizar permanentemente y
es más fácil negociar con ellos que con Google”, dice Riera
Finalmente
el contrato del servicio de monitoreo telemático por 41 meses con la compañía
SecureAlert se aprobó el 26 de noviembre de 2013.
Desde
ese momento empezó la construcción de la infraestructura, habilitación de los
funcionarios de gendarmería y marcha blanca del sistema, lo que implicó el
gasto aproximado a US$ 2 millones por parte de la empresa, ya que los $ 35 mil
millones serían entregados en marzo de 2018, después de la ejecución real del
monitoreo telemático. A tres meses del fin del período de prueba, Gendarmería
anunció posibles fallas técnicas. Y a inicios de este mes el departamento
notificó al Ministerio de Justicia que el dispositivo es imposible utilizar,
por lo que el contrato se revocó.
El
20 de mayo pasado, el Pleno de la Corte Suprema anunció al ministro de Justicia
inconvenientes al no tener la disponibilidad de la tecnología y por eso no
poder aplicar la Ley de Penas Sustitutivas en las determinaciones judiciales. “Existen
medidas alternativas al monitoreo telemático”, explica el ex subdirector
técnico de Gendarmería Miguelángel Jiménez: “Teléfonos, rondas de carabineros,
sistemas de videoconferencia y más”.
Pero
Fernando Martínez, abogado que participó en la investigación acerca del
monitoreo telemático para el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC)
de la Universidad de Chile dice: “Ante la ausencia del monitoreo telemático no
se puede saber de la persona antes de ir a comprobarlo físicamente o por
teléfono. El mecanismo de sanción es súper débil. En cambio, con la tecnología hay
mayor control.”
El
monitoreo telemático no es una técnica perfecta. Es una situación normal que el
GPS pierda la señal cuando ingrese en lugares sin cobertura, como al metro o subsuelo.
Pero si en el sistema electrónico erra y no avisa, pueden ocurrir graves
situaciones. Tal como, en 2013 en Bahamas. La policía del país encontró un
cuerpo descompuesto de un hombre que utilizaba una tobillera electrónica en una
carretera de la zona norte de South Beach y se estimó que habría estado allí
por más de una semana. Y no solo eso, sino que en 2012, 30 individuos fueron
capaces de desaparecer del radar del centro de monitoreo al envolver el
dispositivo con papel de aluminio. Los sospechosos utilizaban la tecnología de
ICS Security Concepts of the Bahamas, LTD, un socio exclusivo de SecureAlert en
el país.
En
Puerto Rico la empresa también pasó por dificultades. El 13 de febrero de 2012
recibieron una demanda civil por el asesinato de una mujer en manos de un
hombre libre que portaba un ReliAlertTMXC. Además en 2013 hubo un
juicio por violación de privacidad: los centrales de monitoreo de SecureAlert
en Utah, Estados Unidos podían activar unilateralmente sin dar aviso previo los
grilletes electrónicos y escuchar las conversaciones de los imputados.
No
se pedían los antecedentes ni se hizo una investigación a la firma pujada y Miguelángel
Jiménez explica que no conocía estos problemas: “No es posible evaluar la
experiencia anterior. Porque si se pide en una licitación, excluiría de la
competencia a alguien sin experiencia pero que ha invertido en el negocio y
tecnología”. Acerca de la investigación comenta: “Si la empresa demuestra
cumplir con las bases técnicas y económicas corresponde adjudicar”, dice Jiménez.
El
centro de monitoreo en Santiago y la sala espejo – por si ocurre alguna
emergencia en la capital - en La Serena ya están establecidas. Se habilitó un
piso entero en la Gendarmería, se dispuso los mobiliarios y los computadores,
se tendió el cableado y se instaló la fibra óptica. Hay aproximadamente 280
delegados de libertad vigilada y cerca de 20 personas que fueron habilitadas
para el uso de la plataforma. Pero todavía no trabajan.
Al
perder el contrato, la empresa presentó un recurso para que fueran reevaluados.
El período de prueba terminó este jueves 19 de junio y la Gendarmería junto al
Ministerio de Justicia están analizando si efectuar o no. Si no, se abriría
otra licitación y el proceso de habilitación de los funcionarios, disposición
de los sistemas e infraestructura debería empezar todo de nuevo.
Si
luego del período de prueba Gendarmería determina que no se puede ejecutar, la
SecureAlert puede presentar el último recurso jerárquico ante el Ministerio de
Justicia. Pero si hasta eso no resulta, la compañía habría perdido los US$ 200
millones. La empresa tiene problemas económicos por deudas exteriores por US$
1,480 millones. Aunque esas deudas no serían un problema si la tecnología se
implementa, ya que tienen $ 1.500 millones depositado como garantía a
Gendarmería.
Sólo
el año pasado dos contratos con gobiernos centrales fueron descontinuadas. Un
caso fue México y la otra Bahamas. Este último fue valorado por US$ 2,7
millones. Y solo con el acuerdo con Chile pudieron obtener un préstamo de US$
25 millones para saldar la deuda, financiar el capital y herramientas de
trabajo. En el reporte cuatrimestral de la empresa del año 2013 sale: “This
contract (con Gendarmería de Chile) is expected to account for more than 10
percent of sales for fiscal year 2014. The
loss or interruption of this new contract would adversely affect our results of
operations and financial condition”.
En
2012, el ministro de Justicia de la época Teodoro Ribera había calificado a la
aplicación del brazalete electrónico como la columna vertebral de la nueva
política penitenciaria: “La más grande reforma al sistema de cumplimiento de
condenas en el medio libre de los últimos 30 años”. Pero Jiménez dice que no: “El
monitoreo es una parte muy pequeña de todo el sistema de penas sustitutivas que
se creó. La espina dorsal de la ley para mí es el programa de reinserción de
los imputados a la sociedad, que funcionan con éxito”.
El
programa de reinserción social se llama
Riesgo Necesidad y Responsividad. Se trata de una serie de tratamientos
psicológicos a través de entrevistas para medir el riesgo de reincidencia de un
condenado. Se puede conocer cómo se debe intervenir a la persona, los posiciona
en distintos proyectos y se construyen programas específicos para cada uno de
ellos. Pero nunca hay una certeza absoluta. En el estudio del CESC se concluye
que no existe ninguna evidencia que comprueba que el uso de las tobilleras
electrónicas cause la no reinserción delictual. Por lo tanto, Fernando Martínez
argumenta que una tecnología y protocolo infalibles son imprescindibles: “Las
fallas técnicas siempre van a surgir. Pero si ocurre un error que conduce a un
acto de violencia, se deslegitima todo el sistema”.
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