SecureAlert Chile SpA, el obstáculo de la Justicia

Monitoreo telemático:

SecureAlert Chile SpA, el obstáculo de la Justicia

La ley 20.603, o la Ley de Penas Sustitutivas que se aprobó en junio del año pasado no marcha plenamente: los dispositivos licitados por la Gendarmería para controlar la libertad vigilada de los reos no funciona.

Sol Park

En la primera cuenta pública en 2010 del ex presidente Sebastián Piñera anunció cambios para la efectividad en la persecución penal y en el apoyo de la reinserción de los condenados a la sociedad. Una de las medidas fue aplicar la ley que otorga la libertad condicional y, para esto, era necesario un dispositivo que pudiera controlar la sanción. En 2013 se licitó a SecureAlert Chile Spa, que proveería la tecnología. Se proyectó su implementación para el noviembre de ese año. 1.073 condenados obtendrían la libertad vigilada intensiva y pena mixta y para el año 2015, 9.813. Hoy, no hay ninguno.

La razón es porque se encontraron falencias técnicas en el período de marcha blanca que empezó en enero de este año. SecureAlert Chile Spa es la ampliación de la empresa norteamericana SecureAlert, Inc. El dispositivo que suministró fue ReliAlert^TMXC. Fracasaba al perder la señal cuando entra a un subterráneo o se envuelve con papel aluminio y tardaba más de 30 minutos en recuperarla. Había una desviación de hasta 10 metros de la ubicación verdadera y algunas veces las alarmas de violación del sistema no se accionaron. Estas fallas son críticas porque el dispositivo de monitoreo telemático se aplica para vigilar el lugar y tiempo que el condenado está o debe estar.

La ley 20.603 o la Ley de Penas Sustitutivas es una modificación de la ley 18.000 de Medidas Alternativas. Los objetivos principales son: disminuir los costos del sistema penal y los efectos nocivos de las influencias carcelarias, resocializar a los imputados y reducir la reincidencia delictiva. Para eso se creó sanciones distintas a las carcelarias, en el que el condenado cumple su deuda con la sociedad en otras formas: ser expulsado del país, prestar servicios de beneficio a la comunidad o estar en libertad vigilada. El monitoreo telemático se aplicaría para el control de este último caso.

Por ejemplo, en Estados Unidos se aplica esta medida para fiscalizar a sujetos que están en tratamiento alcohólico o a los que están condenados por violencia doméstica. Existen diferentes tipos de tecnologías y una de ellas es la radiofrecuencia. El transmisor, adherido al cuerpo, transmite señales a una central de vigilancia e indica si la persona se encuentra o no en un determinado radio geográfico. Ya ReliAlert^TMXC aplica otro tipo de tecnología. Es un Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) que, posicionado en el tobillo del supervisado, no solo indica dónde él está, sino también cuáles son sus desplazamientos. Además alerta si se acerca a un área prohibida delimitada con anterioridad.

A la licitación de enero de 2013 se presentaron 3 proveedores: SecureAlert Inc., TSCOM Tecnología y Security SAT, y solo la primera cumplía con los requisitos. Pero ésta sobrepasaba por $6.000.000 el presupuesto, que era de $35.153.352.00.

El 23 de mayo se abrió una nueva licitación, pero un día después SecureAlert demandó ante el Tribunal de Contratación Pública porque consideró que Gendarmería no los aprobó por razones arbitrarias, por lo que el concurso quedó desierto por 139 días. El 21 de septiembre, en medio de  la controversia por la congelación del concurso, el ex subsecretario de justicia Juan Ignacio Piña dijo que hubo un acercamiento entre las partes. Esto porque las bases de la licitación no definía cómo se calculaba el presupuesto ni una estadística de usuarios que podrían caer en el sistema. Tampoco especificaba si el implemento sería instantáneo a las 10 mil personas o sería gradual, un tema importante para determinar el costo final. Entonces, al informar al proveedor y aclarar los puntos, se determinó que la oferta de la empresa sí se ajustaba dentro de la cuenta.

Pablo Riera, gerente general de TSCOM Tecnología comenta que él no fue esclarecido en este ámbito, lo que le produjo desconcierto: “Esto es una licitación pública y no entiendo cómo se llegó a un acuerdo, porque si se cambia las condiciones, deberían cambiarlas para todos”. Las dos firmas que fueron rechazadas presentaron, en octubre del año pasado, una queja ante la Contraloría porque consideraron que fueron juzgados arbitrariamente y que no fueron debidamente comunicados. Todavía esperan la respuesta.

Otro factor que la TSCOM Tecnología alegó fue que SecureAlert utilizaría el sistema de Google Maps. En las bases de la puja sale que es necesario que el mapa se actualice cada seis meses, pero Google no lo hace en Chile: “Nosotros tenemos contratos con proveedores locales de mapas. Pueden actualizar permanentemente y es más fácil negociar con ellos que con Google”, dice Riera

Finalmente el contrato del servicio de monitoreo telemático por 41 meses con la compañía SecureAlert se aprobó el 26 de noviembre de 2013.

Desde ese momento empezó la construcción de la infraestructura, habilitación de los funcionarios de gendarmería y marcha blanca del sistema, lo que implicó el gasto aproximado a US$ 2 millones por parte de la empresa, ya que los $ 35 mil millones serían entregados en marzo de 2018, después de la ejecución real del monitoreo telemático. A tres meses del fin del período de prueba, Gendarmería anunció posibles fallas técnicas. Y a inicios de este mes el departamento notificó al Ministerio de Justicia que el dispositivo es imposible utilizar, por lo que el contrato se revocó.

El 20 de mayo pasado, el Pleno de la Corte Suprema anunció al ministro de Justicia inconvenientes al no tener la disponibilidad de la tecnología y por eso no poder aplicar la Ley de Penas Sustitutivas en las determinaciones judiciales. “Existen medidas alternativas al monitoreo telemático”, explica el ex subdirector técnico de Gendarmería Miguelángel Jiménez: “Teléfonos, rondas de carabineros, sistemas de videoconferencia y más”.

Pero Fernando Martínez, abogado que participó en la investigación acerca del monitoreo telemático para el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile dice: “Ante la ausencia del monitoreo telemático no se puede saber de la persona antes de ir a comprobarlo físicamente o por teléfono. El mecanismo de sanción es súper débil. En cambio, con la tecnología hay mayor control.”

El monitoreo telemático no es una técnica perfecta. Es una situación normal que el GPS pierda la señal cuando ingrese en lugares sin cobertura, como al metro o subsuelo. Pero si en el sistema electrónico erra y no avisa, pueden ocurrir graves situaciones. Tal como, en 2013 en Bahamas. La policía del país encontró un cuerpo descompuesto de un hombre que utilizaba una tobillera electrónica en una carretera de la zona norte de South Beach y se estimó que habría estado allí por más de una semana. Y no solo eso, sino que en 2012, 30 individuos fueron capaces de desaparecer del radar del centro de monitoreo al envolver el dispositivo con papel de aluminio. Los sospechosos utilizaban la tecnología de ICS Security Concepts of the Bahamas, LTD, un socio exclusivo de SecureAlert en el país.

En Puerto Rico la empresa también pasó por dificultades. El 13 de febrero de 2012 recibieron una demanda civil por el asesinato de una mujer en manos de un hombre libre que portaba un ReliAlert^TMXC. Además en 2013 hubo un juicio por violación de privacidad: los centrales de monitoreo de SecureAlert en Utah, Estados Unidos podían activar unilateralmente sin dar aviso previo los grilletes electrónicos y escuchar las conversaciones de los imputados.

No se pedían los antecedentes ni se hizo una investigación a la firma pujada y Miguelángel Jiménez explica que no conocía estos problemas: “No es posible evaluar la experiencia anterior. Porque si se pide en una licitación, excluiría de la competencia a alguien sin experiencia pero que ha invertido en el negocio y tecnología”. Acerca de la investigación comenta: “Si la empresa demuestra cumplir con las bases técnicas y económicas corresponde adjudicar”, dice Jiménez.

El centro de monitoreo en Santiago y la sala espejo – por si ocurre alguna emergencia en la capital - en La Serena ya están establecidas. Se habilitó un piso entero en la Gendarmería, se dispuso los mobiliarios y los computadores, se tendió el cableado y se instaló la fibra óptica. Hay aproximadamente 280 delegados de libertad vigilada y cerca de 20 personas que fueron habilitadas para el uso de la plataforma. Pero todavía no trabajan.

Al perder el contrato, la empresa presentó un recurso para que fueran reevaluados. El período de prueba terminó este jueves 19 de junio y la Gendarmería junto al Ministerio de Justicia están analizando si efectuar o no. Si no, se abriría otra licitación y el proceso de habilitación de los funcionarios, disposición de los sistemas e infraestructura debería empezar todo de nuevo.

Si luego del período de prueba Gendarmería determina que no se puede ejecutar, la SecureAlert puede presentar el último recurso jerárquico ante el Ministerio de Justicia. Pero si hasta eso no resulta, la compañía habría perdido los US$ 200 millones. La empresa tiene problemas económicos por deudas exteriores por US$ 1,480 millones. Aunque esas deudas no serían un problema si la tecnología se implementa, ya que tienen $ 1.500 millones depositado como garantía a Gendarmería.

Sólo el año pasado dos contratos con gobiernos centrales fueron descontinuadas. Un caso fue México y la otra Bahamas. Este último fue valorado por US$ 2,7 millones. Y solo con el acuerdo con Chile pudieron obtener un préstamo de US$ 25 millones para saldar la deuda, financiar el capital y herramientas de trabajo. En el reporte cuatrimestral de la empresa del año 2013 sale: “This contract (con Gendarmería de Chile) is expected to account for more than 10 percent of sales for fiscal year 2014. The loss or interruption of this new contract would adversely affect our results of operations and financial condition”.

En 2012, el ministro de Justicia de la época Teodoro Ribera había calificado a la aplicación del brazalete electrónico como la columna vertebral de la nueva política penitenciaria: “La más grande reforma al sistema de cumplimiento de condenas en el medio libre de los últimos 30 años”. Pero Jiménez dice que no: “El monitoreo es una parte muy pequeña de todo el sistema de penas sustitutivas que se creó. La espina dorsal de la ley para mí es el programa de reinserción de los imputados a la sociedad, que funcionan con éxito”.

El programa de reinserción social  se llama Riesgo Necesidad y Responsividad. Se trata de una serie de tratamientos psicológicos a través de entrevistas para medir el riesgo de reincidencia de un condenado. Se puede conocer cómo se debe intervenir a la persona, los posiciona en distintos proyectos y se construyen programas específicos para cada uno de ellos. Pero nunca hay una certeza absoluta. En el estudio del CESC se concluye que no existe ninguna evidencia que comprueba que el uso de las tobilleras electrónicas cause la no reinserción delictual. Por lo tanto, Fernando Martínez argumenta que una tecnología y protocolo infalibles son imprescindibles: “Las fallas técnicas siempre van a surgir. Pero si ocurre un error que conduce a un acto de violencia, se deslegitima todo el sistema”.

Ola de autodespidos marcan el período de crisis en la Universidad Arcis

Luego de 34 días de paralización:

Ola de autodespidos marcan el período de crisis en la Universidad Arcis

Desde el pago de los salarios atrasados este martes, los trabajadores depusieron el paro, pero denuncian irregularidades, falta de comunicación con los estudiantes y dudas sobre la estabilidad.

Sol Park

Este martes la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis)  informó el pago de los sueldos de los meses de abril y mayo que debían a más de 300 funcionarios,  gracias a la liberación de $1.700 millones, una parte del Crédito con Aval del Estado (CAE). La directiva anunció la normalización de las actividades, pero según el Sindicato Histórico de Trabajadores de la institución, 18 funcionarios sindicalizados y 25 profesores se autodespidieron. Que es un tipo de causal de término de contrato, donde el empleado puede demandar las indemnizaciones pertinentes. En este caso, sería la cancelación de sus salarios y las cotizaciones previsionales de los primeros seis meses de este año.

Pero en esta última rendición de cuenta se notaron casos de irregularidades. A los empleados les fue replicada en estos dos últimos meses el sueldo de marzo, con menos horas de trabajo,  y a las personas que son a la vez profesores y funcionarios, les pagarán el siete de junio.

También argumentan que el atraso es ocurrente, con lo que no pueden asegurar que la situación no vuelva a ocurrir. La universidad se financia principalmente a través de la CAE, que le otorga $ 2.240 millones en los meses de agosto y septiembre. Hasta esa fecha, obtienen créditos bancarios. Por esto, existen morosidades no solo en los salarios sino que también en multas en Impuestos Internos, Tesorería General de la República y con la Contraloría, que suman más de $200 millones actualmente.

Sylvia Flores era parte de la directiva del sindicato histórico, pero se autodespidió por estas razones: “buscaba estabilidad y mi salud mental. Tengo un gran cariño por mis compañeros, pero todo tiene un límite”.

Ya el presidente del Sindicato 2 de la institución Cristián Cortés afirma que diagnosticarán la situación, pero cree que no existen irregularidades. Considera que lo más importante es volver a la estabilidad y a los proyectos: “trabajar en la mesa cuatriestamental, seguir el proceso de acreditación y elegir la autoridad”.

La falta de comunicación es otro motivo de las desvinculaciones. En la Corporación Arcis, cuatro de las cinco personas del directorio son directores de carrera de la universidad. Jacksa Suazo, tesorera del Sindicato Histórico afirma que la información no se difunde: “los propios directores de carrera se han encargado de que en los consejos de escuela no se hable del tema”.

El vicerrector de Gestión y Finanzas Víctor Garrido asevera que toda la deuda fue cancelada y que la crisis fue temporal. También niega los autodespidos y afirma que los profesores han continuado con los estudios: “No me ha llegado la información de autodespidos y eso debería haber pasado por mi área. Rumores ha habido miles en estos días”

18 m2: la vida después de la emergencia

A más de un mes del terremoto de Iquique e incendio de Valparaíso:

18 m²: la vida después de la emergencia

En los recientes desastres se destruyeron más de 5.400 casas, por lo que el Gobierno financió el 100% de los subsidios de viviendas de emergencia, entregando hasta el momento 3.400 mediaguas a damnificados. Pero las críticas a las deficiencias de las construcciones no han parado desde la primera ola de frío, tal como ocurrió luego del terremoto de 2010.

Sol Park

22 de abril, Juan Federico Villegas (73) limpiaba escombros de su casa en el Cerro La Cruz, calcinada por el incendio de 12 de abril. En ese momento, alcalde de Valparaíso Jorge Castro (UDI) realizaba una ronda de inspección. Éste estaba siendo increpado por los damnificados por la falta de ayuda, por lo que respondió: “¿Te invité yo a vivir aquí?”. Allí también estaba el secretario del alcalde, un amigo de la infancia de Villegas, que lo había reconocido. En dos días obtuvo una de las 300 mediaguas que se construirían en Valparaíso.

Dentro de la vivienda de emergencia de 18 m² Juan Villegas vive con su hijo. Su casa anterior medía 132 m². Tiene una cama de dos plazas regalada por su hermana y ocupa un tercio del espacio. La otra cama está ubicada al otro lado. Entre ellos solo cabe un mueble que sirve de despensa y armario. En la noche levanta la mesa para que dos nietos puedan dormir en un colchón, mientras sus otros dos hijos duermen en una carpa afuera, en el lugar donde habría estado la sala principal.

En el terremoto de Iquique y el incendio de Valparaíso hubo 5.400 casas destruidas en total. Hasta ahora se entregaron aproximadamente 3.400 mediaguas para los damnificados. Las 17.300 que fueron construidas en el terremoto de 2010 eran de madera, sin ventana ni puerta. Hoy están hechas con paneles OSB, piso terciado, ventanas de marco de aluminio y puertas fabricadas.

Los paneles OSB son un poco mejor que la madera natural ya que no presenta los huecos o rajas. Pero al estar descubierto en una zona de lluvia y de bajas temperaturas, no son resistentes a la humedad ya que actúan como una esponja. De hecho, en este último mes, más de 100 instalaciones fueron dañadas por lluvia en Valparaíso. En la de Juan Villegas, el techo, la puerta y la ventana están mal calibradas, y el piso se mueve. Las esquinas de su vivienda están descubiertas, dejando pasar la lluvia. Él mismo tuvo que comprar y colocar los paneles de aislamiento para protegerse del frío.

El 25 de abril la empresa I+K Studio Design denunció a través de Twitter que TECHO, la organización que tradicionalmente construye mediaguas en situaciones de emergencia, bloqueó su oferta de construcción. Viviendas de acero, anti sísmicas, armado en una hora y media entre dos personas y que cuestan $ 750 mil. Se pueden ampliar y así constituirse en viviendas definitivas de más de 40 m². Las mediaguas de TECHO necesitan ocho personas para construirla en un día y cuestan $ 1.5 millones. El Estado financió las tres mil viviendas requeridas en Valparaíso, gastando cerca de $ 5 mil millones. El presidente de la empresa Krijstan Araoz entregaba a la organización la responsabilidad de comunicar y gestionar con el Gobierno, pero afirma que eso no ocurrió: “Esta tecnología atenta con sus intereses económicos, primero al tener que transparentar las operaciones de proveedores y segundo porque la tecnología los deja fuera del mercado y además porque los intereses de avecindados del oficialismo se ven amenazados”.

TECHO ya ha entregado 300 mediaguas para Valparaíso y 132 para el norte. Desde 2010 no las construyen, pero al poseer capital humano y experiencia, consiguen coordinar rápidamente para obtener 300 en una semana cuando es necesario. “Hay que recordar que son viviendas de emergencia. El TECHO no quiere que las familias vivan en estos lugares para siempre”, defiende Pía Mundaca, directora social de TECHO Chile.

Sin embargo, los subsidios de vivienda no están al alcance de todos. Gran parte de las casas que fueron destruidas eran de familias en campamentos, donde vivían en construcciones de latas y cartones.Las viviendas de emergencia entregadas fueron algo mucho mejor de lo que ya tenían. Además, el Gobierno entrega subsidio solamente a las personas que vivían legalmente en una propiedad. Por lo tanto, aquellos en las tomas normalmente esperan hasta diez años una vivienda social.

Pero Juan Villegas, dueño de su propio terreno, tampoco está seguro de que si su casa va a poder reconstruirse. Escuchó un rumor que en julio vendrán los arquitectos para que sólo el año que viene entregarán 18 m² más.

En Tocopilla, tras el terremoto del 2008, todavía existen 148 familias que viven en estas condiciones. El director de Emergencia Comunal de Viña del Mar, Jaime de la Fuente sabe que una familia puede estar por varios años en una mediagua: “Es un criterio sano y digno entregar una mediagua que tenga un estándar mínimo de protección que dure por un tiempo adecuado”.

Vivir en una mediagua por un largo tiempo puede acarrear graves consecuencias. Al dejar de lado el diseño urbano, no se considera la localización y conexión con los servicios básicos, lo que puede ampliar los guetos. Y el otro problema se relaciona con la salud. Se pudre la madera y las debilidades en la ventilación y aislación térmica hacen que las personas recurran a mayor gasto en la calefacción, viciando el espacio.

Existen muchas otras opciones. Luego del terremoto de 2010, el título de la XVII Bienal de Arquitectura fue “8.8 Re-Construcción”. Se discutieron modelos de casas prefabricadas que fueran eficientes, costeables y rápidas. Varias universidades entregaron propuestas de alta calidad y que contemplan ser viviendas definitivas. David Basulto, fundador y editor ejecutivo de la plataforma ArchDaily argumenta: “El Gobierno construye mediaguas porque es lo más rápido. Es un problema de círculo vicioso basado en  que no hay una política que se anticipa a las emergencia”.

A pesar de estos avances, todavía no existe una respuesta concreta desde el Gobierno central. Cuando se consulta a la Onemi de Santiago, responden: “Conversa directamente con la municipalidad ya que nosotros entregamos las casas según la solicitud que ellos realizan y compramos a través de fondos de emergencia”.

En Viña del Mar, donde la situación de riesgo es similar a la de Valparaíso, tienen 100 viviendas de reserva que cumplen con un estándar de calidad impuesto por la municipalidad. El modelo de Estado subsidiario, permite al Gobierno intervenir solamente en aquellas partes en el que un privado no actúa. Por lo tanto, las viviendas son instaladas a través de empresas o instituciones como TECHO u Hogar de Cristo. Entonces, cuando existe un acontecimiento de tal magnitud como lo que ocurrió en Iquique y Valparaíso, los municipios no tienen cómo defender ese estándar de las mediaguas. Jaime de la Fuente señala la necesidad de la descentralización: “Las viviendas que llegaron no las adquirió la Onemi de acá porque no tiene recursos. Las compró y trajo la Onemi de Santiago. La mayoría llegaron sin ventanas, sin forros o puertas. Pero cuando tú estás en emergencia no tienes otra alternativa que aceptar”.

“El caso de Valparaíso muestra que los municipios pobres no pueden operar. Un poco vergonzoso porque era evidente y porque no era la primera vez. El estado tiene que redistribuir para garantizar el bienestar de las personas”, comenta Sebastián Gray, el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile.

Juan Villegas está esperando que el Gobierno venga a reconstruir su casa. Hasta que eso ocurra, tenía planeado comprar una vivienda prefabricada de acero con el bono de un millón de pesos depositado en su cuenta RUT. Pero $ 380 mil fueron descontados por el Banco Estado porque las últimas dos de las 48 cuotas para pagar su auto vencieron, a pesar de que había entregado certificado de incendio. El auto se quemó. “Me quedaría comprar madera y tratar de hacer algo, lo mejor que pueda”, expresa. El gift card de $ 200 mil para comprar ropa no lo utilizó porque dice que no le sirve para limpiar escombros. Mañana despertará vestido con su chaleco azul, pantalón corderoy café y zapatillas de construcción, tal como salió de su casa a las 4 de la tarde del 12 de abril de 2014. 

El vendedor de películas

Agrandado, egocéntrico y arrogante. Estos son los adjetivos de los críticos. Por otra parte, sus amigos utilizan: agradecido, divertido y perseverante. Nicolás López  (31), actualmente productor de un thriller protagonizado por Keanu Reeves, “Knock Knock”, es el trending topic del mundo del cine chileno.

Sol Park

Financiamiento de 6,5 millones de dólares, coproducida con España, efectos especiales, protagonizada por Elsa Pataky, filmada en Chile y Tokio y distribuida por Disney. En su debut mundial recibió el premio a la cinta más innovadora de Fantastic Film Fest y el director Alejandro Jodorowsky escribió: “Nicolás López es un cineasta nato”. Sin embargo, “Santos” (2008) no logró sobrepasar los cuatro mil espectadores.

“Para mí, ‘Santos’ fue la peor película de Nicolás López y tal vez la peor película del cine chileno que jamás se estrenó”, comenta Alejandro Alaluf (41), periodista de la revista “Qué Pasa” y ex crítico de cine para el diario La Tercera.

La película era la segunda realizada por Nicolás López. Su ópera prima fue “Promedio Rojo” (2004), donde el protagonista es Roberto Rodríguez. Tiene 17 años y es obeso con lentes de marco grueso. Su sueño es adaptar al cine su cómic acerca de un superhéroe igual a él. López llegó al preestreno en el Festival de Cine Valdivia con indicios de calvicie, gordo y con lentes de marco grueso. 132 mil personas vieron la película. López tenía 21 años.

El cineasta Gonzalo Badilla, productor de largometrajes como “El limpiapiscinas” (2011) y “El babysitter” (2013) dice: “ha abierto puertas, ayudado a que se confíe en nuestro cine como entretenimiento y que las películas sean rentables”.

La prensa lo consideraba “niño pródigo”. Fue fichado por UTA, una de las agencias más influyentes de Estados Unidos, la cual representa estrellas como Johnny Depp, Celine Dion, entre otras. Le llegaba guion tras guion desde todo el mundo y hasta se encontró con el presidente de Dream Works. La revista Variety lo catalogó como el sucesor de Guillermo Del Toro, director de “El Laberinto del Fauno” (2006). En una entrevista, Quentin Tarantino calificó a “Promedio Rojo” como la película más graciosa del año.

“Creo que puede llegar a ser un evento generacional, independiente de que la película guste o no", dijo López en el estreno de la cinta en el Festival de Cine Viña.

El éxito logró que “Santos” fuera financiado. “López te vende una idea de tal forma que no le puedes decir que no”, afirma Nicolás Martínez (31), amigo del director desde los seis años y actor en varias de sus películas. Pero había fallado.

“El fracaso de ‘Santos’ fue lo mejor que le pudo pasar a Nicolás. Obligó a examinar su arrogancia. Empezar de nuevo, chico, sin dinero y tener que analizar el porqué de su fracaso”, afirma Marcos De Aguirre (58), sonidista que acompañó a López en la post producción desde “Promedio Rojo”.

En su blog el director escribió: “¿Es culpa de nosotros? Por supuesto. En algo ­– o en todo – nos equivocamos”. El dicho de Hollywood “eres tan bueno como tu última película” fue su historia en los meses siguientes: despidió empleados, vendió la casa de la productora y vivió el garaje de su amigo durmiendo en un colchón inflable.

También fue la historia de Javier Fernández, el protagonista de la comedia “Qué pena tu vida” (2010): un publicista que perdió su amor, dinero y trabajo. Ariel Levy (30), quien interpretó el papel, dice: “es totalmente un alter ego de él”. La película tuvo más de cien mil espectadores y constituyó la primera parte de una trilogía.

Fue una propuesta totalmente distinta a la que López estaba acostumbrado. Salió del círculo adolecente mezclado con ciencia ficción para tratar acerca del romance de la clase media alta chilena. Además, junto a su coproductor Miguel Asensio, idearon un nuevo método para crear películas. 200 mil  dólares fue el presupuesto. Filmaron con una cámara fotográfica profesional y se financiaron íntegramente por auspiciadores. Los elementos que salen en la pantalla eran improvisados: “filmamos en el departamento de Nicolás. La casa de la mamá del protagonista era de su mamá. El auto que yo manejo es mío y después fue el de Nicolás. Usamos el bar Constitución porque éramos muy amigos del dueño”, explica Ariel Levy. La película, que antes habría tardado años, se produjo en menos de seis meses.

Levy agrega: “obviamente te creí Spielberg cuando tienes 23 años y filmas una película de 6,5 millones de dólares. Nicolás tiene un escudo de arrogancia pública pero no es así. Cambió su forma de enfrentar a las personas”.

Pero en Valdivia 2011, cuando se publicó el libro “El novísimo cine chileno”, que analiza a 21 cineastas jóvenes, López generó polémica nuevamente. Él no había sido abordado. Fue hasta la ciudad, preguntó e insistió por una explicación. Los editores respondieron que el libro era de ellos y agregaban a quienes querían. Alaluf, quien conoce al cienasta hace 19 años, dice: “ha variado muy poco en cómo era y cómo es actualmente. Su megalomanía muchas veces le juega en contra”.

Cansado de las críticas, en 2011 decidió no abrir función de prensa para la segunda película de la trilogía. Once periodistas firmaron en contra a esta medida. Pero Levy reclama: “Claramente la película es de uno y Nicolás no la quiso mostrar. Sintió que había que rendirle demasiada pleitesía a estos tipos que lo único que hacen es destrozar”.

Pero la crítica no paró. Su género es conocido como gross-out. López utiliza el concepto “chiste de semen”: sexo, juicios incorrectos y burlas a la minoría. Por ejemplo, un personaje en “Qué pena tu vida” lanza sentencias en contra de las personas con síndrome de Down. “Él cree que es divertido esas bromas, pero a mí no me funcionan”, comenta Ernesto Garratt (42), crítico de cine para Wikén.

Tampoco funcionó para muchos chilenos el 29 de octubre de 2013. En medio de un debate presidencial, Nicolás López publicó en su Twitter: “¿Cuánto cobrará Roxana Miranda por hacer el aseo en mi casa?” Esta frase tuvo 582 retweets y fue trending topic. López “tuiteó” más de 100 frases replicando los ataques. Martínez dice: “fue sólo una broma de una persona que a veces no sabe filtrar, pero que debió haberlo hecho”.

A pesar de estos enfrentamientos, López sigue avanzando para cumplir su objetivo: crear películas en Chile pero pensados para un mercado global. El cineasta lo llama “Chilewood” y está dando sus primeros pasos. Junto al director americano Eli Roth, conocido por sus películas de thriller como “Hostel”, fabricaron Aftershock” (2012) y “Green Inferno” (2014). “La empresa de seguros de Hollywood viajó a Chile a visitar el sistemas de producción y en especial nuestra parte; no podían creer que películas de este tipo no se post produjeran en Estados Unidos”, dice De Aguirre.  Actualmente están grabando una nueva cinta llamada “Knock Knock” que lo protagonizará el actor de “Matrix”, Keanu Reeves.

No obstante, Alejandro Alaluf no se convence: “Podría posicionar a Chile como una mini potencia. Pero para “Chilewood” falta bastante”.

Cuando se pregunta ¿qué hace López cuando no está trabajando? Ariel Levy responde: “no sé si existe ese momento en su vida”. Nicolás Martínez dice: “Cagando o durmiendo. Una de las dos”. Cada mes le surgen por lo menos dos ideas para sus proyectos y aunque esté en vacaciones sigue trabajando. Martínez agrega: “El segundo nombre de Nicolás es Perseverancia”.

Jueves al mediodía, Nicolás López sale de su departamento con el pelo todavía mojado. Detrás de sus lentes de marco grueso se asoman un par de ojos rojos: “no puedo hacer la entrevista. Tengo que filmar después, sabes, con Keanu”. Entra directamente al edificio de su productora, Sobras, del que está separado solo por una rejilla. Trabaja en la post producción de “Fuerzas Especiales”, la primera película de Rodrigo Salinas y Sergio Freire, integrantes del Club de la Comedia. En una hora más estará en rodaje, donde filmará durante toda la noche. Mientras tanto, tuitea: “Camino al set súper secreto de #KnockKnock en un Uber. Pensando en vender mi auto”.

“Anunciaré la implementación de sistemas alternativos de resolución de controversia que no necesariamente implique un proceso jurisdiccional”

Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT):

 “Anunciaré la implementación de sistemas alternativos de resolución de controversia que no necesariamente implique un proceso jurisdiccional”

En el quinto aniversario del Consejo, su actual presidente  trae en discusión la protección de la ley de Transparencia, su poca publicidad y adelanta métodos de facilitación de trámites que acortarían el proceso de acceso a la información.

Sol Park

El derecho de acceso a la información pública surgió Suecia, inspirando a otros 95 países que adoptaron esta medida. Este decreto determina que todas las personas y medios de comunicación pueden leer los documentos oficiales evitando la corrupción y el abuso del poder. Fue implementado en las leyes fundamentales del país en el año 1766. En Chile la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información entró en vigencia en 2009. El CPLT empezó a funcionar junto con la ley velando por su buen cumplimiento. Actualmente, luego de una campaña masiva de propaganda en el año pasado, llegan aproximadamente 240 reclamos y peticiones al mes.

- En marzo se publicó que el 53.8% de las empresas públicas no cumplían con la transparencia en remuneraciones, pero en el Gobierno central la cifra fue de 96%. ¿A qué se debe esta diferencia?

Es la primera vez que hacemos esa medición. Y ha sido un tema de larga data, porque hubo unas empresas públicas, como es el caso de Televisión Nacional por ejemplo, que se resistían mucho entregar esta información porque consideraba que afectaba sus condiciones en el mercado competitivo.

- ¿Cuáles fueron las medidas que el Consejo tomó frente a esto?

Hacemos un informe detallado de todo lo que falta para llegar al óptimo. Estamos realizando un proceso de fiscalización a todos estos grupos ligados a la ley de transparencia de manera periódica, por lo tanto tendríamos que esperar el próximo período de fiscalización para tener un estándar de comparación y poder señalar si sus estándares cambiaron antes de tomar medidas más punitivas.

- ¿Dónde se concentra la mayor parte de la corrupción en Chile?

Cumplir o no cumplir con la ley de transparencia no necesariamente implica tener mayores o menores niveles de corrupción. Pero los menos transparentes son claramente los municipios, que tenían un porcentaje global de transparencia de un 47%. Las corporaciones municipales son aún menos transparentes. Algunas de ellas manejan más presupuesto fiscal, tienen más personal dependiente que los municipios y manejan temas extremadamente importantes, que es la salud y la educación.

- ¿Es por esto que Chile ha descendido a segundo lugar en el ranking de corrupción de América Latina?

Es probable. Ahora, más que fijarme en que Chile está primero o segundo en América Latina, lo que me parece preocupante es que en los últimos 10 años, Chile aparece más o menos en el mismo lugar y la ley de transparencia entró en vigencia hace 5 años. Hay un paso que nos falta dar para que la ley sea efectiva en anular la corrupción.

- ¿Cuál sería?

La ley tiene una dimensión bastante más ciudadana. Cuando la gente perciba que el derecho de acceso a la información permite mejorar su vida, cada uno se va a transformar en un activo agente de control, haciendo retroceder los niveles de corrupción. Yo creo que el tema va por ahí: potenciar el posicionamiento de la ley.

- Al inicio de este año se dio conocer  que el período del contrato de Pablo Zalaquett como asesor comunicacional de Ministerio de Salud se publicó erróneamente en el sitio web. ¿Cómo evalúa en este caso el tratamiento de la ley de Transparencia?

Evaluar el mérito por la cual se contrata no es el deber de del concejo. Pero la verdad es que nuestras autoridades no se han dado cuenta de la tremenda riqueza que tiene la ley de transparencia para ejercer un control respecto al ejercicio de las potestades públicas. Tú me dices ese ejemplo, pero claro, es un ejemplo. Se debiera esperar que los parlamentarios fueran muchísimos más activos en utilizar la ley.

- Con uno de los últimos decretos del mando del ex presidente Piñera, los mails de los funcionarios se pueden borrar. ¿Cree que esto se debe a las confrontaciones con el Consejo en el pasado cuando obligó a la Fundación Integra y a la Subsecretaría del Interior entregar los e-mails?

Puede ser que preguntas a la persona menos indicada porque yo fui el autor del voto disidente de los otros tres concejeros y el tribunal constitucional acogió mi opinión. Ahora, todos los consejeros hemos tenido votos que han sido favorables a la posición del Estado y en otros casos no. Nosotros tuvimos una discusión que fue relevante pero siempre en un ámbito jurídico, nunca en el impacto político que podría tener nuestra decisión.

- ¿Cuáles serían las consecuencias que trae este decreto de los mails al CPLT?

A mí me parece una señal muy inoportuna del Gobierno saliente. La discusión que ese decreto generó no tiene que ver si cierto soporte electrónico es privado o es público. Para que el principio de transparencia se haga cargo al acceso de información tiene que haber cierta disponibilidad de esta información. Y lo que hace ese decreto, erróneamente a mi juicio, es impedir esa disponibilidad.

- En Sudáfrica, su Constitución obliga incluso a las empresas privadas y organizaciones no gubernamentales a cumplir esta regla de transparencia. ¿Chile podrá tener tal avance?

Hay que ser cuidadosos con eso porque la ley sudafricana representa una línea doctrinaria que está recién asomando en el mundo de la transparencia. Yo creo que hay que mirarla con cuidado y ver qué efectos tiene. A mí me parece complejo cuando nosotros estamos en los inicios de la transparencia considerar que las empresas privadas eventualmente podrían ser afectadas por esto. En el caso chileno claramente no es así.

- En el caso de las universidades privadas que reciben presupuesto estatal, ¿no sería útil fiscalizarlas también?

Eso depende. Ahí lo que hay no es el concepto de utilidad pública, sino un concepto de traspaso de recursos públicos. Y ese es otro criterio que ha estado en discusión, pero no es el sudafricano. El caso de las universidades chilenas es que han sido receptoras de recursos fiscales. Por lo que creo, allí donde haya recepción de dinero fiscal, debe haber mayor transparencia.

- ¿Deben haber cambios en la ley?

Yo creo que sí. La ley no nos habilita para entrometernos en cómo las entidades privadas están utilizando las trasferencias fiscales. Debe haber mayor transparencia para posibilitar un control de que efectivamente que el dinero, que fue transferido con objetos claros y precisos, sean invertidos en esos objetos claros y precisos.

-¿Cuál es su evaluación del CPLT de los últimos cinco años?

El Consejo ya terminó su proceso de instalación. Tuvo que partir de la nada porque era el guardián de una política pública que implica un cambio cultural de largo aliento. Ahora está en la etapa de consolidación. Hay muchos desafíos que se planteó y se cumplieron. Tal vez lo más importante es saber dónde nuestra jurisprudencia ha tenido más impacto. De hecho, en enero nos invitó el senado español a exponer sobre las buenas prácticas chilenas. Es muy gratificante que un país europeo te pida eso.

-¿Cómo el CPLT puede mejorar?

Hay un tema que a mí me parece preocupante y que tiene que ver con la eficacia en los tiempos de tramitación de los amparos. Nosotros tenemos que reducir paulatina pero eficientemente en los tiempos en que debemos conocer y en resolver los amparos que presentan los ciudadanos. Si un ciudadano espera 5 meses para la información, va a pensar dos veces antes de volver a presentar una queja.

- ¿Cómo se podría lograr?

Debemos buscar fórmulas creativas y con atribuciones legales. Anunciaré la implementación de sistemas alternativos de resolución de controversia que no necesariamente implique un proceso jurisdiccional. Por ejemplo, el proceso de mediación. Acerca posiciones entre el órgano y el ciudadano de forma tal que los tiempos de respuesta sean los mínimos. Si logramos implementarla, seremos los primeros en América Latina con esta medida. 

Una mano de ayuda desde la acupuntura

Una sesión de acupuntura puede costar hasta 45.000 pesos y no está cubierta por Fonasa. Pero existen personas que realizan esta actividad gratuitamente por un solo motivo: servir a los más necesitados.

Sol Park

Los martes de la iglesia coreana YoungRak son un poco más especiales que otros días: las salas donde los más chicos se reúnen a celebrar culto los domingos cambia. Camillas, biombos y un carrito con artículos medicinales ocupan el lugar. Ahí el doctor ByungDae Lee (54) recorre poniendo agujas en el estómago, cabeza y pies de las diez mujeres acostadas. Las dolencias de las pacientes son variadas: articulaciones, artrosis, migrañas, patologías crónicas, hasta parálisis.  Nadie parece notar los pinchazos.

La acupuntura se fundamenta en la filosofía China que sostiene que el hombre se conforma con flujos de energía. Cuando un punto de esta red está obstruido, el órgano asociado padece el síntoma. “Para los asiáticos no existe enfermedad, sino un desequilibrio causados por excesos y deficiencias”, explica Raúl Maldonado (52), acupuntor de la organización Acupuntores Sin Fronteras Chile (ASFCl).

Pero esta metodología no siempre es comprensible para los pacientes, acostumbrados a la medicina occidental: “Tradicionalmente, toda la gente que tiene dolor de cabeza puede tener encefalopatía. Ya para los orientales, cada persona es un universo. Tienen un mismo síntoma, pero todos tienen diferentes causas. No hay acupuntura con receta.”, esclarece Luis Álvarez (28), acupuntor de ASFCl.

Aunque no lo entiendan, mucha gente busca este método. Esto es porque no causa reacciones alérgicas ni tampoco es necesario medicamentos que podrían afectar a las embarazadas o a pacientes de gastritis. O finalmente porque es la última esperanza de aliviar sus dolores.

En 2008, el Ministerio de Salud la institucionalizó en sus tratamientos y recomendó a los hospitales implementarla, convirtiendo a Chile en uno de los primeros países occidentales en formalizar el método y no considerarlo como solamente complementario. Existen exámenes regulados por el Gobierno y al sacar un diploma se puede ejercer como acupuntor en un hospital.

Ahora, los consultorios de acupuntura en Chile no son difíciles de encontrar. Si se busca en Google “centro de acupuntura Chile” aparecen más de 688.000 entradas. A pesar de estos avances, la acupuntura no está cubierta por Fonasa: una de las doce sesiones de un tratamiento puede costar desde $5.000 hasta $45.000, y el mismo tratamiento puede extenderse mucho más.

Los que buscan ser tratados por una mano experta deben sacrificar tiempo y dinero. Pero el Dr. Lee sale de su centro médico una vez a la semana y ofrece sus servicios gratuitamente. Hasta a aquellas personas que tienen recursos, él insiste que reciban la terapia en la iglesia. 

Esto es porque el “precio” es escuchar por una hora un sermón. De esta manera, el Dr. Lee trató a más de 43.000 personas durante estos seis años, comprometido en evangelizar a sus pacientes.

Mauricio Millaruel (49) es uno de los pacientes del doctor. Visita a la iglesia todos los martes desde hace un año. Había llegado en silla de ruedas por un accidente cerebrovascular que había dejado paralizado todo su lado izquierdo. Ahora espera su turno, deteniendo a una enfermera y le muestra cómo camina sin ninguna ayuda y, aunque todavía no puede tomar cosas, mueve el brazo a voluntad. 

“El 21 de diciembre de 2010 tuve el accidente. Tenía esta pierna y este brazo muerto, y hasta me costaba tragar. Fui por dos años a hospitales pero nunca pasó nada. Ahora no hago nada más que acupuntura y voy mejorando cada día. El doctor me trató al mismo tiempo la depresión. Ahora tengo más claras mis ideas y tengo mejor ánimo. Yo llego aquí regañadientes y cuando salgo me siento diferente, salgo feliz. Yo era creyente pero nunca había escuchado la palabra y no había ido a la iglesia. Ahora me gusta y voy todos los domingos”, comenta Mauricio.

Pero mantener este servicio por seis años no es una tarea fácil. Esta organización funciona con el aporte de los creyentes y de la propia iglesia. "Traemos las agujas una vez cada tres meses de Corea y el costo de transferencia es bastante caro", afirma el doctor Lee. Y además solo hay un acupunturista y dos enfermeras para los 100 pacientes diarios.

En Chile solo existen institutos que enseñan por dos años que forman a técnicos. Lo que significa que: “El acupunturista chileno es solamente acupunturista. Tiene que solicitar previamente con un diagnóstico de un médico occidental, porque él no sabe pedir radiografía o un scanner", aclara el Dr. Alex Flores (48), neurólogo y acupuntor jefe del Hospital de Carabineros. Dice que para ejercer un cargo importante en un hospital no basta con ser técnico: “A mí me conviene más ser neurólogo. Y la gente viene porque se reembolsa. Si Fonasa cubriera la acupuntura, la gente podría pagar. Y ahí se podrían hacer especialidades, estudiar más tiempo, desarrollar la acupuntura”.

Para revertir esto, el Colegio de Acupunturistas de Chile está en proceso de iniciar una conversación con el nuevo Ministerio de Salud en temas de Fonasa: “Michelle Bachelet firmó los diferentes decretos que salieron en el diario oficial en 2008 de la regulación y organización de la acupuntura. Por lo tanto tenemos un Gobierno que está muy proclive a esto”, argumenta el presidente del Colegio, Rodrigo Guajardo (53). Pero mientras tanto, los movimientos como el del Dr. Lee son los que se acercan primero a los más necesitados.

Acupuntores sin Fronteras también es una organización que ofrece servicios de acupuntura gratuitamente en Chile. Inspirados en el trabajo de la organización homónima creada en Suiza, Luis Álvarez y Raúl Maldonado trajeron a Chile hace 8 meses este servicio social en que van en búsqueda de los lugares más recónditos, abandonados por la medicina. Hacen campañas de consultas y tratamientos gratuitos, preparando además para cualquier catástrofe que pueda ocurrir, como el terremoto del año 2010.

Pero al ser una organización joven, ASF no tiene métodos de financiamiento concretos, por su política de patrocinio que no permite poner ningún logo de empresas en sus proyectos. Entonces abren cursos de acupuntura básica al público general. No enseñan a utilizar las agujas, sino que a percibir el síntoma, diagnosticar y sanarlo con técnicas de masaje y semillas.

Pero Guajardo, el presidente del Colegio de Acupuntores, repudia esta medida: “Es muy irresponsable que estén enseñando los fines de semana a la gente a diagnosticar y tratar otra persona. Esto puede llevar a errores importantes, como esconder un trastorno que debe ser visto con la medicina occidental. Además desestima la acupuntura, que es un estudio serio y profundo”.

La acupuntura todavía es atacada por las posiciones de los escépticos. Pero cada día salen nuevos estudios que afirman la viabilidad de la medicina: "Antes no había suficiente información, si no creían no importaba porque no tenía cómo probarlos. Pero ahora hay evidencia. En la librería inglesa Cochrane que trata de investigaciones médicas, se publicaron en los últimos 3 años trabajos  en acupunturas muy buenos. No existe escepticismo, solo hay ignorancia”, afirma el Dr. Flores.

También el Colegio de Acupunturistas de Chile junto a la institución española CEMECT (Centro de Enseñanza de la Medicina Tradicional China), crearon el Centro Tao Vital. Donde se enseña una acupuntura bioenergética, una explicación científica de la filosofía china. Con tesis basadas en estudios clínicos y la implementación con la medicina formal, el nuevo centro intenta occidentalizar la terapia y acercarlo a la mentalidad chilena.

La acupuntura en Chile todavía tiene un largo camino para avanzar. Y, a pesar de los prejuicios, el Dr. Lee continúa. No solo para evangelizar, sino que también para retribuir a Chile lo que ha recibido: “Nosotros vivimos aquí y como inmigrantes no hemos hecho mucha cosa. Pero ayudar a los que necesitan es una pequeña forma de agradecimiento”.

Alcaldesa Tohá rinde homenaje a José “Pepe” Mujica entregando una manta de cacique

Comuna de Santiago nombra al presidente uruguayo como visita ilustre:

Alcaldesa Tohá rinde homenaje a José “Pepe” Mujica entregando una manta de cacique

Al término de la ceremonia el mandatario disfruta un pie de cueca antes de partir a la reunión de Cepal.

Sol Park

“Una inspiración para hacer una política apegada a valores de generosidad”. Así se refirió la alcaldesa Tohá al presidente uruguayo José Mujica al término de la ceremonia de nombramiento del mandatario como visita ilustre en la Municipalidad de Santiago, ayer en el edificio Consistorial.

En medio de su agitada agenda en su visita a Chile, el mandatario de Uruguay llegó a la Plaza de Armas para encontrarse con la alcaldesa Carolina Tohá y los habitantes de la comuna de Santiago. En la entrada del recinto, el mandatario uruguayo fue recibido por 30 alumnos del colegio República Oriental de Uruguay, que lo saludaron con banderas del país y lo acompañaron durante toda la ceremonia.

Luego de una reunión bilateral que no duró más allá de algunos minutos, el presidente, junto a la alcaldesa y el secretario municipal Alfredo Egaña, entraron al salón de honor para iniciar el evento.

Tohá recalcó la relación que tiene Chile con Uruguay por su similitud y por el apoyo mutuo por la edificación de una democracia más consistente. Además la alcaldesa alabó el coraje del presidente: “por atreverse a hablar y actuar con honestidad, enfrentando las contradicciones y los desafíos maravillosos que tiene Uruguay y que tiene Latinoamérica”.

El secretario municipal Alfredo Egaña leyó el decreto alcaldicio que nombraba al presidente Mujica como visita ilustre. Y como agradecimiento, le fue entregado dicho documento junto a una manta de cacique mapuche, de color blanco y negro, confeccionado en la región del Maule.

En respuesta, el mandatario uruguayo hizo un discurso mencionando a la ciudadanía de ambos países, diciendo que los celebraba. Declaró que tenía una deuda hacia éstas personas en relación a los DDHH que no se ha podido pagar hace mucho tiempo. Y que era necesario comprometerse para entregar un mundo mejor a la futura generación. Aclaró: “Somos apenas una gota de agua en un mar de un pueblo que se mueve consciente”.

Terminando la ceremonia, el mandatario uruguayo presenció un pie de cueca chora realizado en su homenaje en el salón central del edificio. Y sin atender al cóctel que se desarrolló en su honor, salió del recinto para dirigirse a la Cepal, para reunirse con su par Michelle Bachelet donde se discutió acerca de la desigualdad y la administración política de América Latina.