“Anunciaré la implementación de sistemas alternativos de resolución de controversia que no necesariamente implique un proceso jurisdiccional”

Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT):

 “Anunciaré la implementación de sistemas alternativos de resolución de controversia que no necesariamente implique un proceso jurisdiccional”

En el quinto aniversario del Consejo, su actual presidente  trae en discusión la protección de la ley de Transparencia, su poca publicidad y adelanta métodos de facilitación de trámites que acortarían el proceso de acceso a la información.

Sol Park

El derecho de acceso a la información pública surgió Suecia, inspirando a otros 95 países que adoptaron esta medida. Este decreto determina que todas las personas y medios de comunicación pueden leer los documentos oficiales evitando la corrupción y el abuso del poder. Fue implementado en las leyes fundamentales del país en el año 1766. En Chile la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información entró en vigencia en 2009. El CPLT empezó a funcionar junto con la ley velando por su buen cumplimiento. Actualmente, luego de una campaña masiva de propaganda en el año pasado, llegan aproximadamente 240 reclamos y peticiones al mes.

- En marzo se publicó que el 53.8% de las empresas públicas no cumplían con la transparencia en remuneraciones, pero en el Gobierno central la cifra fue de 96%. ¿A qué se debe esta diferencia?

Es la primera vez que hacemos esa medición. Y ha sido un tema de larga data, porque hubo unas empresas públicas, como es el caso de Televisión Nacional por ejemplo, que se resistían mucho entregar esta información porque consideraba que afectaba sus condiciones en el mercado competitivo.

- ¿Cuáles fueron las medidas que el Consejo tomó frente a esto?

Hacemos un informe detallado de todo lo que falta para llegar al óptimo. Estamos realizando un proceso de fiscalización a todos estos grupos ligados a la ley de transparencia de manera periódica, por lo tanto tendríamos que esperar el próximo período de fiscalización para tener un estándar de comparación y poder señalar si sus estándares cambiaron antes de tomar medidas más punitivas.

- ¿Dónde se concentra la mayor parte de la corrupción en Chile?

Cumplir o no cumplir con la ley de transparencia no necesariamente implica tener mayores o menores niveles de corrupción. Pero los menos transparentes son claramente los municipios, que tenían un porcentaje global de transparencia de un 47%. Las corporaciones municipales son aún menos transparentes. Algunas de ellas manejan más presupuesto fiscal, tienen más personal dependiente que los municipios y manejan temas extremadamente importantes, que es la salud y la educación.

- ¿Es por esto que Chile ha descendido a segundo lugar en el ranking de corrupción de América Latina?

Es probable. Ahora, más que fijarme en que Chile está primero o segundo en América Latina, lo que me parece preocupante es que en los últimos 10 años, Chile aparece más o menos en el mismo lugar y la ley de transparencia entró en vigencia hace 5 años. Hay un paso que nos falta dar para que la ley sea efectiva en anular la corrupción.

- ¿Cuál sería?

La ley tiene una dimensión bastante más ciudadana. Cuando la gente perciba que el derecho de acceso a la información permite mejorar su vida, cada uno se va a transformar en un activo agente de control, haciendo retroceder los niveles de corrupción. Yo creo que el tema va por ahí: potenciar el posicionamiento de la ley.

- Al inicio de este año se dio conocer  que el período del contrato de Pablo Zalaquett como asesor comunicacional de Ministerio de Salud se publicó erróneamente en el sitio web. ¿Cómo evalúa en este caso el tratamiento de la ley de Transparencia?

Evaluar el mérito por la cual se contrata no es el deber de del concejo. Pero la verdad es que nuestras autoridades no se han dado cuenta de la tremenda riqueza que tiene la ley de transparencia para ejercer un control respecto al ejercicio de las potestades públicas. Tú me dices ese ejemplo, pero claro, es un ejemplo. Se debiera esperar que los parlamentarios fueran muchísimos más activos en utilizar la ley.

- Con uno de los últimos decretos del mando del ex presidente Piñera, los mails de los funcionarios se pueden borrar. ¿Cree que esto se debe a las confrontaciones con el Consejo en el pasado cuando obligó a la Fundación Integra y a la Subsecretaría del Interior entregar los e-mails?

Puede ser que preguntas a la persona menos indicada porque yo fui el autor del voto disidente de los otros tres concejeros y el tribunal constitucional acogió mi opinión. Ahora, todos los consejeros hemos tenido votos que han sido favorables a la posición del Estado y en otros casos no. Nosotros tuvimos una discusión que fue relevante pero siempre en un ámbito jurídico, nunca en el impacto político que podría tener nuestra decisión.

- ¿Cuáles serían las consecuencias que trae este decreto de los mails al CPLT?

A mí me parece una señal muy inoportuna del Gobierno saliente. La discusión que ese decreto generó no tiene que ver si cierto soporte electrónico es privado o es público. Para que el principio de transparencia se haga cargo al acceso de información tiene que haber cierta disponibilidad de esta información. Y lo que hace ese decreto, erróneamente a mi juicio, es impedir esa disponibilidad.

- En Sudáfrica, su Constitución obliga incluso a las empresas privadas y organizaciones no gubernamentales a cumplir esta regla de transparencia. ¿Chile podrá tener tal avance?

Hay que ser cuidadosos con eso porque la ley sudafricana representa una línea doctrinaria que está recién asomando en el mundo de la transparencia. Yo creo que hay que mirarla con cuidado y ver qué efectos tiene. A mí me parece complejo cuando nosotros estamos en los inicios de la transparencia considerar que las empresas privadas eventualmente podrían ser afectadas por esto. En el caso chileno claramente no es así.

- En el caso de las universidades privadas que reciben presupuesto estatal, ¿no sería útil fiscalizarlas también?

Eso depende. Ahí lo que hay no es el concepto de utilidad pública, sino un concepto de traspaso de recursos públicos. Y ese es otro criterio que ha estado en discusión, pero no es el sudafricano. El caso de las universidades chilenas es que han sido receptoras de recursos fiscales. Por lo que creo, allí donde haya recepción de dinero fiscal, debe haber mayor transparencia.

- ¿Deben haber cambios en la ley?

Yo creo que sí. La ley no nos habilita para entrometernos en cómo las entidades privadas están utilizando las trasferencias fiscales. Debe haber mayor transparencia para posibilitar un control de que efectivamente que el dinero, que fue transferido con objetos claros y precisos, sean invertidos en esos objetos claros y precisos.

-¿Cuál es su evaluación del CPLT de los últimos cinco años?

El Consejo ya terminó su proceso de instalación. Tuvo que partir de la nada porque era el guardián de una política pública que implica un cambio cultural de largo aliento. Ahora está en la etapa de consolidación. Hay muchos desafíos que se planteó y se cumplieron. Tal vez lo más importante es saber dónde nuestra jurisprudencia ha tenido más impacto. De hecho, en enero nos invitó el senado español a exponer sobre las buenas prácticas chilenas. Es muy gratificante que un país europeo te pida eso.

-¿Cómo el CPLT puede mejorar?

Hay un tema que a mí me parece preocupante y que tiene que ver con la eficacia en los tiempos de tramitación de los amparos. Nosotros tenemos que reducir paulatina pero eficientemente en los tiempos en que debemos conocer y en resolver los amparos que presentan los ciudadanos. Si un ciudadano espera 5 meses para la información, va a pensar dos veces antes de volver a presentar una queja.

- ¿Cómo se podría lograr?

Debemos buscar fórmulas creativas y con atribuciones legales. Anunciaré la implementación de sistemas alternativos de resolución de controversia que no necesariamente implique un proceso jurisdiccional. Por ejemplo, el proceso de mediación. Acerca posiciones entre el órgano y el ciudadano de forma tal que los tiempos de respuesta sean los mínimos. Si logramos implementarla, seremos los primeros en América Latina con esta medida.